Elma Saiz evita polemizar con la AIReF por sus críticas a las pensiones: "Es una institución independiente"

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado la polémica con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por sus críticas a la sostenibilidad del gasto en pensiones y ha subrayado que "es una institución independiente".

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, Saiz ha traslado su "respeto" al organismo presidido por Cristina Herrero en la metodología que utiliza para analizar la evaluación del gasto en pensiones, labor que se le asignó en la última reforma de pensiones para saber si hacía falta activar una cláusula para incrementar los ingresos o recortar los gastos para sostener el sistema.

La institución de responsabilidad fiscal ha incluido transferencias del Estado por valor de 0,3 décimas del PIB en la casilla de ingresos a la hora de examinar el gasto de pensiones. Sin embargo, Bruselas ha exigido al Gobierno que excluya esa partida, lo que podría dificultar que se cumpla con los límites establecidos para determinar si el gasto está en niveles sostenibles.

"AIReF es una institución independiente y, en consecuencia, le corresponde diseñar su propia metodología para valorar los impactos, incluido el gasto de las transferencias", ha aseverado la ministra durante su comparecencia, donde también ha subrayado que aunque se pueda "discrepar" sobre la metodología utilizada, el Gobierno respeta el rol que tiene asignada la AIReF y "no condiciona en ningún caso" su trabajo.

Examen adicional 2026

Además de eliminar las transferencias en la casilla de ingresos, también se ha pedido que la AIReF adelante el examen al sistema que tenía previsto en 2028 al 2026. La ministra ha señalado que esto permitirá tener una imagen "actualizada" de la sostenibilidad del sistema.

La titular de Seguridad Social ha querido defender en su intervención la cláusula de cierre encargada a la AIReF, pues supone un elemento de "garantía adicional" a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

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