NUEVA LEY

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia queda aprobada por el Congreso

La norma elimina incompatibilidades entre prestaciones, reconoce automáticamente la discapacidad a partir del grado de dependencia y blinda la financiación estatal del sistema.

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia queda aprobada por el Congreso

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia queda aprobada por el Congreso Pexels

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado y con buena parte de las enmiendas incorporadas por la Cámara Alta. El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar los servicios disponibles y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

Novedades de la reforma

Entre las principales novedades, la reforma elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia y permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia. También incorpora la figura del asistente personal y amplía la consideración de las personas cuidadoras más allá de la familia directa, de modo que vecinos o amigos puedan ser reconocidos oficialmente como cuidadores. La nueva normativa incluye además la teleasistencia como derecho subjetivo y reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. En materia de accesibilidad, modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas destinadas a realizar obras de accesibilidad. Asimismo, prohíbe incrementar el precio de los seguros a las personas con discapacidad.

Otro de los puntos de la reforma es el blindaje por ley de la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación. La reforma se vincula además a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. El texto aprobado ha llegado al Congreso sin ocho de las enmiendas introducidas por el PP y Junts en el Senado, después de que el Gobierno las vetara este martes al considerar que suponían un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos. Entre las propuestas vetadas figuraban la extensión al ámbito tributario de la asimilación de las personas en situación de dependencia a las personas con discapacidad, el establecimiento de un IVA reducido del 4% para la adaptación de viviendas o vehículos y la eliminación del copago para las personas dependientes con grado III+. También se planteaba ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.

Bustinduy reclama acabar con las listas de espera

Bustinduy ha apelado a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes, se reduzcan las listas de espera. "Las listas de espera de la dependencia deben desaparecer para 2028", ha subrayado. El ministro ha recordado además que, gracias a la financiación extraordinaria aprobada mediante real decreto-ley, las comunidades autónomas han recibido en los meses de julio y agosto 517.444.324 euros adicionales. Los grupos de la oposición han cuestionado durante el debate la decisión del Gobierno de vetar las ocho enmiendas incorporadas en el Senado. La diputada del PP Violante Olivares ha calificado el veto de "inconstitucional" y ha reprochado al Ejecutivo que impidiera el debate de unas propuestas en las que, según ha señalado, "muchos grupos habíamos estado de acuerdo". También ha denunciado "qué falta de humanidad" al vetar unas enmiendas que, a su juicio, pretendían "mejorar la vida de las personas más vulnerables". Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ha acusado a PSOE y Sumar de caminar "hacia el precipicio" y ha criticado el veto a propuestas como la CUME mientras, según ha afirmado, el Gobierno "en relación a las entradas masivas en Ceuta, moviliza 118 millones para acogida y atención a inmigrantes".

El PNV también ha cuestionado la decisión. La diputada Nerea Renteria ha calificado de "grave" el "bloqueo" del Gobierno porque, en su opinión, "no respeta el trabajo parlamentario". Por su parte, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo la Cruz ha considerado que a la reforma "le falta valentía" y ha señalado que todavía quedan "deudas históricas con colectivos, como las personas afectadas por la polio o quienes sufrieron esterilizaciones forzadas". Desde Junts, Pilar Calvo ha criticado al PSOE por calificar de "oportunistas" las enmiendas presentadas en el Senado para flexibilizar la prestación CUME. La diputada de Podemos Noemí Santana ha destacado que la ley contiene "avances importantes", aunque ha advertido de que "un derecho no es real si la financiación no llega", si "no llega a tiempo" o si depende del Código Postal. Finalmente, el diputado del BNG Néstor Rego ha señalado que su principal preocupación es "asegurar que habrá recursos necesarios para garantizar prestaciones dignas". Para ello, ha defendido una "financiación a la altura de las necesidades" porque, de lo contrario, ha advertido, la ley será "papel mojado".

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