Comunidad de Madrid: nuevo marco legal para mejorar la calidad de vida y la participación de las personas mayores

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado los procesos para la aprobación del Decreto que regulará la Red de Envejecimiento Activo y el Consejo de Personas Mayores de la región. Se trata de un importante paso para la definición de políticas dirigidas a personas mayores.

Ya se ha autorizado la publicación del proyecto en el Portal de Transparencia con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y recoger sus aportaciones antes de poner en marcha la nueva norma.

Este nuevo marco es un órgano consultivo destinado a mejorar la planificación de las políticas destinadas a este sector de la población. Con ello, se pretende dar voz a las personas mayores, tanto de forma directa como a través de sus asociaciones y fortalecer la presencia de los mayores en la vida social y política, estudiando su situación y garantizando todos sus derechos.

Con los ayuntamientos de Alcorcón, Arganda, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos, el Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de convenios para el desarrollo de proyectos y actividades destinadas a fomentar un envejecimiento activo y prevenir situaciones de demencia. Para todo ello se destinarán 714.000 euros hasta finales de 2026.

Pero la Comunidad de Madrid ya presentó el pasado septiembre el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, que incluye medidas como el Carné Sénior, y un Certificado de entidad amiga de los mayores a través del cual se reconocen iniciativas sociales, económicas o comerciales que atiendan sus necesidades.

De esta forma, la Comunidad junto con los ayuntamientos y los centros de mayores, desarrollará cursos y talleres relacionados con aspectos jurídicos, económicos, de derechos del consumidor, sucesiones, seguridad vial, hábitos saludables, ejercicio físico y formación digital.

También reforzará servicios gratuitos de asesoría y garantizará la atención prioritaria de los mayores en las oficinas públicas. Todo ello con el objetivo de potenciar la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores de la región.

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