El Gobierno aprueba el proyecto de ley del tabaco que amplía los espacios sin humo e incorpora nuevas restricciones

El texto, que será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, incorpora como principal novedad la prohibición de fumar en playas marítimas y fluviales, una medida que se suma a la ya prevista para las terrazas de bares y restaurantes. Asimismo, prohíbe expresamente el consumo de productos del tabaco por parte de menores de 18 años.

Regulación contra el tabaquismo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el objetivo de la reforma es "dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio", al tiempo que busca responder a la aparición de nuevos productos relacionados con el tabaco y proteger especialmente a las nuevas generaciones. Según ha destacado, España ha estado "a la vanguardia" en la lucha contra el tabaquismo. La modificación de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, persigue tres objetivos fundamentales, ampliar los espacios en los que estará prohibido fumar, reforzar la protección de menores y adaptar la normativa a los nuevos productos relacionados con el consumo de tabaco. Esta actualización se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y responde, según el Ministerio de Sanidad, a los cambios registrados en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven.

En los últimos años han ganado protagonismo productos como los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, las cachimbas o shishas, los productos a base de hierbas para fumar, las bolsas de nicotina y otros dispositivos que imitan o se asocian al acto de fumar. La nueva legislación busca equiparar su regulación a la del tabaco convencional. Entre las nuevas zonas donde estará prohibido fumar figuran también las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, los vehículos de trabajo y los recintos donde se celebren espectáculos públicos, incluidos teatros, cines, conciertos y otros eventos, incluso cuando se desarrollen al aire libre. Además, el proyecto incorpora los denominados "entornos de protección reforzada", que establecen un perímetro mínimo de 15 metros alrededor de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios, educativos y sociales, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas y parques o zonas infantiles. La norma contempla un plazo de dos meses para adaptar la señalización de estos espacios.

En qué afectará la nueva ley

Otro de los cambios introducidos afecta a la comercialización de los productos relacionados con el tabaco. Su venta y suministro quedará limitada a establecimientos especializados, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. Los detalles de esta regulación se concretarán posteriormente mediante una orden ministerial. En materia de publicidad, el proyecto endurece las restricciones sobre la promoción y el patrocinio del tabaco, los dispositivos para su consumo y los productos relacionados. También recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, que estará integrado por representantes de distintos ministerios y será el encargado de proponer iniciativas, fijar objetivos para reducir el consumo y elaborar informes periódicos sobre la aplicación de la norma.

Desde el Ministerio de Sanidad consideran que esta reforma permite cerrar los vacíos legales existentes en la normativa de 2005 y actualizar la legislación para responder a la nueva realidad del consumo de tabaco y productos asociados, con un especial énfasis en la protección de la infancia y la juventud y en la desnormalización del consumo. La ministra ha defendido además que estas medidas supondrán beneficios tanto para la salud pública como para el sistema sanitario. En este sentido, ha recordado que el tabaquismo continúa siendo "el principal factor de riesgo evitable", responsable de unas 50.000 muertes al año, y ha señalado que las nuevas políticas podrían generar un ahorro sanitario directo estimado de entre 100 y 200 millones de euros anuales, recursos que, según ha afirmado, podrán destinarse a cubrir otras necesidades del sistema sanitario.

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