6 de cada 10 mayores de 65 años con limitaciones severas no recibe atención del sistema de dependencia

Un 63,1 por ciento de las personas mayores de 65 años con limitaciones severas en su vida diaria no recibe atención efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un porcentaje que se eleva hasta el 72,4 por ciento en el caso de las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria, según el informe El Derecho del Cuidado y la Economía de los Cuidados en España presentado por la Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE).

El estudio, que ha sido presentado este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, también revela que, entre quienes sí reciben cuidados del sistema, el 28 por ciento considera que los apoyos recibidos son insuficientes para responder a sus necesidades. El trabajo se enmarca en el proyecto IBERLONGEVA, aprobado dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal -POCTEP- 2021-2027 de la Unión Europea.

El estudio analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del SAAD, la suficiencia de los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.

Entre las principales conclusiones, los codirectores de la investigación, Nacho Álvarez y Jorge Uxó, señalan que se han producido "avances importantes" en el SAAD pues, por ejemplo, apuntan que desde 2015, el denominado "limbo de la dependencia" se redujo en más de un 70%, pero advierten de que su consolidación sigue "incompleta".

Así, apuntan que el proceso de acceso al SAAD sigue tardando, de media, cerca de un año, frente al plazo legal de seis meses. Esta demora, unida a la "insuficiente" intensidad de algunos servicios y a "la persistencia de desigualdades territoriales, impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo", según señalan.

"España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo. Renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el Derecho al Cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios", ha apuntado el codirector del estudio Nacho Álvarez.

Asimismo, el análisis estima que, en 2023, cada euro destinado a prestaciones de dependencia generó alrededor de 1,6 euros de impacto sobre el PIB y precisa que cerca de la mitad del gasto inicial retornó a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales: por cada euro invertido, se recuperaron aproximadamente 49 céntimos.

También pone en evidencia que el sistema español sigue descansando en gran medida sobre cuidados informales, realizados principalmente en los hogares y asumidos de forma mayoritaria por mujeres. Según el estudio, estos cuidados informales tienen una magnitud económica equivalente al 3,6 por ciento-4,7 por ciento del PIB, aunque "permanecen en buena parte invisibilizados en las estadísticas oficiales".

En este sentido, el también director del estudio Jorge Uxó ha añadido que "el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5". "Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4 por ciento del PIB. Parte importante del estudio es poner de manifiesto la importancia económica de invertir en cuidados, no mirarlo solo como gasto o coste, sino como un proyecto de país", ha subrayado.

Para reducir la brecha de cuidados, el estudio propone una hoja de ruta basada en inversión sostenida, coordinación entre administraciones, estándares comunes, refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, profesionalización del sector y un modelo centrado en la persona.

De cara a 2030, estima que reforzar el SAAD exigiría aumentar la inversión en torno a 0,6 puntos del PIB, con un efecto potencial de cerca de 430.000 nuevos empleos y un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.

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