SOCIEDAD
España aprueba su primera normativa sobre accesibilidad cognitiva para personas con dificultades de comprensión
El Gobierno regula por primera vez este tipo de accesibilidad en sanidad, transporte, justicia o procesos electorales, en una medida que las organizaciones de mayores reclaman desde hace años.
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, una normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el objetivo de garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes de ciudadanía, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
La norma busca que toda la ciudadanía pueda comprender la información que recibe, comunicarse, orientarse en los distintos entornos y realizar actividades cotidianas con autonomía. Para ello, establece que la información y la comunicación deberán ser fáciles de entender y ofrecerse en formatos accesibles, como el lenguaje claro, la lectura fácil, apoyos sonoros, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos, sin coste adicional y sin retrasos para la persona usuaria.
Con esta aprobación se da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, y se constituye el primer marco normativo existente en España sobre este tipo de accesibilidad, de aplicación transversal para las administraciones públicas y para los prestadores de bienes y servicios, tanto públicos como privados.
A quién beneficia la nueva normativa
El reglamento adopta un enfoque amplio, pensado para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre los colectivos destinatarios se incluyen las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como las personas mayores con deterioro cognitivo, las personas en situación de analfabetismo o analfabetismo funcional y las personas migrantes que no dominan las lenguas oficiales del Estado.
Ámbitos en los que se aplicará la norma
La nueva regulación incorpora la accesibilidad cognitiva de manera transversal en ámbitos esenciales de la vida cotidiana. En concreto, establece requisitos generales de información y comunicación aplicables a todos los agentes públicos y privados, junto con normas específicas para los siguientes sectores:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos, infraestructuras y edificación.
- Transportes.
- Bienes y servicios a disposición del público, incluidos los sanitarios.
- Relaciones con las administraciones públicas.
- Administración de Justicia.
- Participación en la vida pública y procesos electorales.
- Patrimonio cultural e histórico.
- Empleo.
En cada uno de estos ámbitos se fijan obligaciones específicas adaptadas a sus características, con el fin de garantizar que las herramientas de comprensión, orientación y comunicación —como el lenguaje claro, la lectura fácil, la señalización accesible o los sistemas aumentativos de comunicación— estén disponibles para quienes las necesiten.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), trabaja ya en la elaboración de guías para facilitar la aplicación práctica del reglamento por parte de organismos públicos y entidades privadas. El CEACOG, que actúa como centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, también desarrolla iniciativas para simplificar trámites como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.
Qué se entiende por accesibilidad cognitiva
Según explica el Ministerio de Derechos Sociales, la accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que ofrece el entorno, a manejar con soltura la comunicación que se mantiene con él y a poder realizar con facilidad las actividades cotidianas sin sufrir ningún tipo de discriminación. El departamento subraya que las funciones cognitivas deben recibir el mismo trato que otras capacidades, garantizando entornos, servicios y herramientas adaptadas del mismo modo en que se instalan rampas o ascensores para las personas con movilidad reducida.
La respuesta de las organizaciones de mayores
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado la aprobación de este reglamento, al que considera una norma largamente esperada y un paso decisivo hacia una sociedad más comprensible, accesible e inclusiva. La organización destaca especialmente que el texto incluya de forma expresa a las personas mayores con deterioro cognitivo entre sus destinatarios, dentro de un marco que puede beneficiar también al conjunto de personas con dificultades para comprender información, orientarse en los entornos o interactuar con bienes y servicios.
Desde la perspectiva de este colectivo, la PMP considera que la accesibilidad cognitiva es además una herramienta para combatir el edadismo y la exclusión, sobre todo cuando las dificultades de comprensión se suman a la brecha digital, la complejidad de los trámites administrativos o la falta de adaptación de determinados servicios.
La Plataforma participó activamente en la elaboración de la norma a través del trámite de información pública, defendiendo la necesidad de incorporar una perspectiva específica de envejecimiento y reclamando que las personas mayores y las personas mayores con discapacidad fueran tenidas en cuenta de forma expresa en el diseño y la aplicación de las medidas. La organización insistió especialmente en reforzar la comunicación clara y sencilla en ámbitos tan relevantes para este colectivo como la sanidad, las prestaciones sociales, los trámites administrativos, la justicia o los servicios digitales, además de reclamar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar el cumplimiento real de la norma.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha calificado la aprobación del reglamento como un antes y un después en el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como un derecho. Fernández ha subrayado que, para muchas personas mayores, poder entender la información que reciben, orientarse en los servicios públicos o realizar gestiones cotidianas de forma autónoma es una cuestión de ciudadanía, igualdad y dignidad.
La exigencia de recursos y seguimiento
Pese a valorar positivamente la norma, el presidente de la PMP ha advertido de que ninguna persona debe quedar excluida por la complejidad de los entornos, los procedimientos o la comunicación, y ha remarcado que tan importante como aprobar el reglamento será garantizar su cumplimiento efectivo mediante recursos suficientes, formación especializada y mecanismos de seguimiento y evaluación. Según Fernández, solo así este avance legislativo se traducirá en una mejora real de la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores, y no quedará como un derecho reconocido únicamente sobre el papel.
La Plataforma considera que este nuevo marco normativo abre una etapa decisiva para consolidar la accesibilidad cognitiva como parte esencial de la accesibilidad universal, y ha reafirmado su compromiso de seguir colaborando con las administraciones públicas y el resto de agentes sociales para promover entornos, servicios y sistemas de comunicación accesibles para toda la ciudadanía, con independencia de su edad, nivel formativo o capacidades cognitivas. La organización también ha señalado su intención de continuar trabajando en la simplificación de procesos y cargas administrativas.
Para la PMP, en definitiva, una sociedad cognitivamente accesible es también una sociedad más amigable con las personas mayores, que favorece su autonomía, su participación y el ejercicio efectivo de sus derechos, además de contribuir a prevenir situaciones de exclusión y edadismo.
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